Todo ciudadano tiene el derecho a saber en qué se gasta el dinero de los contribuyentes cualquier institución pública. También aquellas entidades privadas con financiación de fondos públicos. Pero obtener esa información no resulta tan sencillo.
La Constitución Española, en su artículo 20, reconoce el derecho a la libertad de expresión. En su apartado 1.a) se fija y protege el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. En sentido parecido se manifiesta también el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 10. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dictaminó que ese derecho comprende el acceso a la información de las entidades públicas por parte de los ciudadanos.
Pero pese a todo lo anterior, España sigue sin una regulación específica del asunto. Lo único que tenemos es un anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a los Ciudadanos a la Información Pública, que parece que no ha sido acogido con demasiado entusiasmo. España necesita una ley que permita a cualquier persona obtener la información requerida de cualquier entidad pública de forma rápida, sencilla (sin trabas por parte de los funcionarios encargados de suministrarla), y, en la medida de lo posible, gratuita. Y sin que se tenga que argumentar el por qué o para qué se requiere dicha información. Y esto, porque es un derecho fundamental del ciudadano, porque la censura es propia de regímenes dictatoriales y porque, en una democracia, los Estados tienen la obligación de ser lo más transparentes posible. Jerónimo Gómez Escamilla.
http://www.proacceso.org/
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